El móvil que los miembros de La Manada entregaron para demostrar su inocencia en el caso de la violación múltiple en San Fermín el 2016 sirvió para descubrir los indicios de otro delito sexual ocurrido en Pozoblanco (Córdoba), que desde este lunes se está juzgando al Juzgado Penal número 1 de Córdoba.

Después de que los cinco miembros de La Manada fuesen condenados por agresión sexual y entraran en la cárcel, la Policía continuó investigando los archivos de los condenados y descubrieron indicios de otros abusos sexuales cometidos dos meses antes.

Vídeo "sin autorización"

La defensa ha planteado la nulidad del vídeo al entender que se vulneran distintos artículos constitucionales y que intervino la Policía Foral de Navarra "sin autorización judicial", al tiempo que ha pedido la suspensión de la vista hasta que se resuelva la cuestión. "En derecho penal no todo es válido, ni lícito", puesto que en este caso "no existía ninguna investigación criminal" por el asunto de Pozoblanco.

Y es que, "no existe ninguna autorización expresa para que se analizasen los teléfonos que se aportaron como prueba" en el caso de Pamplona, donde "no se les intervinieron los teléfonos", sino que "ellos los aportaron como prueba", porque los hechos de Navarra no se llevaron a cabo como denunciaba la joven víctima madrileña.

El abogado de los acusados pide la nulidad del vídeo porque la policía intervino sin autorización judicial

 

En este sentido, el abogado ha remarcado que "no se autorizaba ninguna investigación más allá de los hechos ocurridos en Pamplona", de manera que "no existía autorización judicial" y sí cree que "hay exceso policial" para "una causa general" contra sus clientes.

Al hilo, ha dicho que el juez de Instrucción 4 de Navarra "hábilmente se dio cuenta" de que el vídeo solo "no iba a ninguna parte y necesitaba de la existencia de una denuncia", de modo que "el juez sitúa Pozoblanco dentro de su jurisdicción y envía a dos agentes de la Policía Foral para que localicen a la chica en Pozoblanco y obtener una denuncia para dar pie a justificar toda la investigación, y así lo hacen".

Por tanto, ha subrayado que "la chica denunció con el vídeo y añadió una serie de elementos que están fuera del vídeo": una conversación telefónica, su denuncia en el Juzgado de Pozoblanco y luego una siguiente declaración que presta en instrucción.

Además, ha citado que "no contentos con eso, los agentes a parte de llevarse ya el preciado trofeo de la denuncia, que pudiera servir como justificación de la investigación, no se les ocurre mejor cosa que extraer pelos de la chica para averiguar seis meses después si tenía 'burundanga'".

"Hay consentimiento" de los acusados

Mientras, el fiscal se ha opuesto "radicalmente" a la nulidad del vídeo porque "hay consentimiento expreso de los cuatro acusados para que se examinen sus teléfonos móviles, reforzado por el cosentimiento presunto, como suministrar las claves de acceso a sus teléfonos". 

Asimismo, ha señalado que "no se ha producido una injerencia en el derecho a la intimidad de los acusados", a la vez que ha insistido en que "la obtención de los vídeos por la Policía Foral no está amparada solo por consentimiento expreso, sino por resoluciones judiciales". A su juicio, ha habido "un hallazgo inevitable" por parte de las fuerzas policiales y como consecuencia de ello se inicia la investigación.

Unas grabaciones muy vejatorias

Por su parte, el abogado de la joven se ha opuesto a anular el vídeo, porque "no hubo limitación en el acceso a los teléfonos por parte de los acusados, que autorizaron a la Policía para que accediera al contenido", por lo que ha asegurado que "es lícita la actuación".

"Son unas grabaciones tan vejatorias, que pido, por favor, que no se anulen"

 

Y la letrada de la acusación popular se ha opuesto a la nulidad del vídeo pedida por la defensa, porque "hay consentimiento para que los móviles fueran investigados" y en ellos "se descubren unos hechos diferentes" a los de Pamplona.

Según ha afirmado, "son unos hechos delictivos que requieren que se llegue a un procedimiento penal con todas las garantías" y "no ha habido vulneración de derechos fundamentales de ninguno de los acusados", a lo que ha sumado que "la joven no denunció porque tenía mucho miedo y no los conocía". Para la abogada son unas grabaciones "tan vejatorias", que ha pedido al juez, "por favor", que no las anule.

Los hechos ocurrieron en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa que se estaba desarrollando en Pamplona y en la que estaban implicados los cuatro acusados en este caso y un miembro más del citado grupo, hechos por los que ya se encuentran en prisión.