La Fiscalía Provincial ha elevado a 125 años y seis meses de cárcel la pena de un joven de una localidad del Aljarafe, que responde a las iniciales R.B.B., acusado de abusar sexualmente de 13 menores de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años entre 2016 y 2017.

La representante del Ministerio Público elevó su petición al considerar, una vez oídos los testimonios de las víctimas, que dos delitos de abuso sexual a menor de 16 años con acceso carnal y dos delitos de abuso sexual a menor de 16 años fueron continuados. Este cambio, elevó la pena de nueve a once años de prisión en los dos primeros casos y de cuatro a cinco años de cárcel en los dos restantes.

Cuatro de los delitos a menores fueron continuados

 

Además, en ese escrito de conclusiones definitivas, la fiscal atribuye un delito de corrupción de menores -penado con tres años y medios de prisión-, a las seis víctimas a las que contemplaba únicamente delitos de abuso. De esta manera, inculpa al encausado de un delito de corrupción de menores por cada una de las 13 víctimas elevando así la pena un total de 42 años.

En concreto, el Ministerio Fiscal solicita once años de cárcel por cada uno de los dos delitos de abuso sexual continuado a menor con acceso carnal, nueve años de prisión por un delito de abuso sexual a menor con acceso carnal, cinco años de cárcel por cada uno de los dos delitos de abuso sexual continuado a menores, cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor y tres años y seis meses de cárcel por cada uno de los 13 delitos de corrupción de menores.

Las víctimas tenían entre 13 y 17 años cuando se produjeron los abusos

 

Todo ello, deja una petición total de 125 años y seis meses de prisión si bien R.B.B., de ser condenado en estos términos, sólo podría cumplir el triple de la pena máxima que le atribuyen, esto es 33 años. Igualmente, el Ministerio Fiscal solicita que el encausado abone indemnizaciones entre 3.000 y 10.000 euros a los menores así como se le aplique la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de sus víctimas.

Además, solicita que se le imponga la medida post-penitenciaria de 10 años de libertad vigilada con la prohibición de desempañar empleo con acceso a menores durante cinco años y reclama que para la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas.

De otro lado, la acusación particular que ejerce uno de los menores se adhiere a lo expuesto por el Ministerio Público referente a que R.B.B. contactó entre los años 2016 y 2017 con menores para pedirles fotografías de sus partes íntimas así como realizar actos sexuales a cambio de dinero y regalos. Con respecto a su petición, esta acusación solicita un total de diez años y medio de prisión, en concreto, seis años por continuado de abuso, dos años por corrupción de menores y tres y medio por corrupción.