Estafar a personas solidarias. Es lo que hacían, según los Mossos y el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, tres miembros de una familia que controlan la Fundación CIBI contra el cáncer infantil. La actual presidenta, la secretaria y uno de los vocales de la fundación han estafado, según la policía catalana, cerca de un millón de euros.
Prisión provisional para dos de los tres detenidos
Los tres han quedado detenidos, y para dos de ellos se ha acordado la prisión de manera provisional y eludible con fianza de 20.000 euros. El tercer detenido está en libertad provisional y tiene la obligación de acudir a los juzgados periódicamente. Además, se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido salir del país
Las cifras son de escándalo. La investigación policial ha acreditado que la fundación habría recaudado más de un millón de euros de los cuales sólo unos 4.000 han sido destinados a obra social.
Bajo sospecha desde 2017
Los Mossos d'Esquadra, coordinando diversas de las unidades de investigación, con agentes de la comisaría de Sant Martí de Barcelona y de la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos, se han adentrado a la Fundación CIBI y detener su supuesta actividad delictiva. Según las investigaciones de los Mossos, se desviaban las aportaciones recibidas en una colecta de carácter benéfico, destinadas a obra social, para su propio beneficio.
La investigación se inicia el año 2017, momento en que varias fundaciones dedicadas a la ayuda a niños enfermos de cáncer ponen en conocimiento de la policía el funcionamiento presuntamente anómalo de la Fundación CIBI. A partir de estas primeras informaciones recibidas, la Unidad de Investigación de la comisaría de Sant Martí abre una investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, con la colaboración del Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Cultura y Deportas.
Los líderes de la fundación, una familia de origen venezolano
La actividad ilícita de la fundación empieza cuando un clan familiar de origen venezolano constituye la Fundación CIBI el año 2017 e inicia una relación socio-comercial con otras entidades del mismo sector. La entidad tenía repartidas unas 12.300 huchas para recoger donativos en comercios colaboradores por toda España, con los cuales presuntamente tenían que llevar a cabo las campañas del objeto fundacional.
Una vez aparecieron indicadores sobre posibles delitos de carácter económico, la División de Investigación Criminal encargó en el Área Central de Delitos Económicos una investigación técnico-económica para descubrir la realidad sobre la estructura y el funcionamiento de la Fundación CIBI.
Sólo han destinado a obra social 4.000 euros del millón recaudado, el 0,47% del total
Los investigadores han podido determinar que desde 2017 hasta el año 2020 la fundación habría recaudado más de un millón de euros en donaciones y aportaciones de los cuales sólo destinaron unos 4.000 a obra social ayuda a los niños enfermos de cáncer. Eso representa sólo el 0,47% del total de las aportaciones benéficas recibimientos.
El 14 de junio de 2021 se llevaron a cabo varias entradas y registros en domicilios y locales, entre los cuales se encuentra la sede de la fundación investigada -en Hospitalet de Llobregat- y los domicilios particulares de los principales investigados y detenidos, a excepción de uno que se encuentra zafado, posiblemente en un país fuera de la Unión Europea.
La entidad tenía repartidas unas 12.300 huchas para recoger donativos en comercios colaboradores / CME
Bloqueado el patrimonio de la presidenta y la secretaria de la fundación
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, así como la Fiscalía de Barcelona, ha decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación y los principales investigados, ha bloqueado las cuentas corrientes y ha suspendido cautelarmente las actividades de la Fundación CIBI a través del Protectorado de Fundaciones, hasta que se puedan valorar todos los indicios aportados por los investigadores.
Los tres son de nacionalidad venezolana y ahora no pueden salir del país por orden del juez, a la espera de que se pueda celebrar el juicio por esta presunta estafa.